Reseña

El sistema interamericano y la jurisprudencia de los países de la región están evolucionando a reconocer que los bosques, ríos, mares y otros poseen intereses jurídicos en sí mismos, merecedores de protección
incluso en la ausencia de daños directos a las personas. Las constituciones de Ecuador y de Bolivia reconocen explícitamente los derechos de la naturaleza. En la Convención Constitucional chilena,
presidida por Elisa Loncón, lideresa del pueblo mapuche, un número significante de convencionales empuja un debate sobre la necesidad de una “constitución ecológica” que incluye la ética del cuido, el
principio precautorio y los principios de la justicia ambiental y responsabilidad intergeneracional como bases centrales de la nueva convivencia democrática. El cambio constitucional y en la jurisprudencia
regional se basa en la recuperación y el fortalecimiento de los saberes locales y ancestrales y en el reconocimiento de que la diversidad cultural depende en gran medida en la protección de la biodiversidad. La nueva narrativa jurídica, enfatiza el principio precautorio, invierte la carga de prueba y obliga a los estados a romper con la lógica neoliberal, individualista para proteger bienes comunes como el agua e considerar formas de indemnización que incluyen la restitución de ecosistemas.
Esperamos que la compilación de juicios emblemáticos no solamente sea de interés para abogadas y abogados ambientalistas, sino también para personas en la política y para la ciudadanía interesada en
materias de justicia ambiental y social. Ojalá también llegue a empresas transnacionales reticentes de asumir sus debidas responsabilidades para incluir el principio precautorio y mecanismos adecuados de
participación ciudadana en la planificación de sus respectivos proyectos. Finalmente, esperamos llegue también a las cortes de Centroamérica, que tanta falta hace que se sumen a las filas de quienes buscan
defender los ecosistemas y la vida.