Reseña

El Salvador forma parte de un exclusivo grupo de países que han
tenido la oportunidad de desarrollar dentro de su ordenamiento jurídico
uno de los institutos más efectivos que se han concebido para
recomponer el orden jurídico, cuando este ha sido quebrantado con
ocasión de los nocivos efectos patrimoniales que genera la criminalidad
y que a su vez ha mostrado su efectividad al momento de reforzar el
combate en contra de las distintas expresiones delictivas,
especialmente, aquellas que genera los mayores réditos, pobreza y daño
social, al acoger dentro de su arsenal normativo el instituto jurídico de la
extinción de dominio. Hoy podemos reconocer que a través de la extinción de dominio una sociedad puede ir mucho más allá del simple castigo o reproche punitivo del delito, pues al ser esta figura la expresión de un derecho compositivo que busca restablecer el desequilibrio que se genera a través de la riqueza obtenida mediante acciones que atentan contra la sociedad, dota a las autoridades de un cúmulo de herramientas idóneas que le permite al Estado cumplir con sus propios fines, en especial, el de garantizar un orden social justo, reafirmando la vigencia de los valores ético-sociales, en especial, de aquellas disposiciones fundacionales que no solo reconocen un amplio catálogo de derechos a los ciudadanos, sino que además, definen los presupuestos mínimos para su reconocimiento, tomando el derecho de propiedad como su principal referente, no solo desde la perspectiva de cuál es el tipo de propiedad que debe gozar de protección constitucional, sino también, garantizando el ejercicio de todas las actividades legitimas para acceder a él. Sin embargo, vemos que cada vez será más difícil que un país se sume a este exclusivo grupo de ocho jurisdicciones que cuentan hoy en día con la extinción de dominio, pues por fortuna y, a la vez, por desgracia, este instituto ha mostrado su enorme efectividad para alcanzar aquellos espacios donde las demás herramientas de política criminal no pueden llegar, facilitando así el desvertebramiento de las poderosas estructuras de la corrupción y la criminalidad organizada a partir de la privación de sus espurios bienes y recursos, temas frente a
los cuales El Salvador constituye, sin duda, un referente mundial, al
haber dado un importante impulso constitucional al instituto a través de
su jurisprudencia, y demostrando su enorme efectivad en importantes
casos en contra de aquellos que en otras jurisdicciones, suelen ser son
considerados intocables, reafirmando así la vigencia de los valores ético
sociales frente al respecto de lo público y de la seguridad, tranquilidad y
bienestar general de sus ciudadanos.