Reseña

El XVI Certamen de Investigación Jurídica 2022, organizado por la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, a través de su Unidad Técnica Ejecutiva, ofrece este año una amplia perspectiva sobre cuatro problemáticas actuales que dilucidan la aplicación de normativas en
aspectos tan esenciales de la vida, como el reto que plantea el uso de la tecnología en la administración pública, la salud digital en el sistema nacional de salud pública, el delito de ecocidio desde la perspectiva de derechos humanos y los límites de la potestad derogatoria de
la Asamblea Legislativa. Por 16 años, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, a través de su Unidad Técnica, ha promovido la investigación jurídica vinculada al Sector de Justicia, con la organización del Certamen de Investigación Jurídica que reconoce la labor científica de abogados y estudiantes que profundizan en problemáticas reales y vigentes, que se analizan a la luz del ordenamiento jurídico. Al ser el derecho un sistema en constante transformación, la investigación jurídica se convierte en un instrumento importante para lograr un seguimiento adecuado de esos fenómenos en permanente mutación. Permite, además, la posibilidad de profundizar en diversas realidades y
adecuar el ordenamiento jurídico a esos cambios vertiginosos.
Con el reconocimiento a la investigación jurídica, la UTE busca promover, apoyar y ofrecer un espacio para la divulgación de propuestas novedosas, que descubren las soluciones jurídicas adecuadas para los problemas que surgen en las interrelaciones sociales. En el XVI Certamen de Investigación Jurídica 2022 se reconoció el trabajo de cuatro participantes, quienes analizaron las siguientes temáticas: Una aproximación al uso de las TIC en la Ley de Procedimientos Administrativos: Gobierno Electrónico y legislación de las nuevas
tecnologías; la salud digital como respuesta a la pandemia de COVID 19: propuesta de un marco estratégico en el sistema de salud público salvadoreño; el delito de ecocidio: breve análisis desde la visión de los derechos humanos; y ¿derogación inconstitucional?, un análisis
sobre los límites de la potestad derogato ria de la Asamblea Legislativa y la posibilidad de su control judicial de constitucionalidad en El Salvador.
Los cuatro investigadores fueron seleccionados luego de un minuciosos proceso de evaluación por parte del Comité Calificador del XVI Certamen de Investigación Jurídica, que este año estuvo integrado por Nidia Oneyda Cáceres de Jiménez, Jueza Ambiental de San Salvador;
Yoalma Teresa Iraheta Portillo, Asistente Legal Especializada de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública de la Procuraduría General de la República, Mario Ernesto Ávalos Ayala, Jefe del Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ); Julio Cesar Osegueda Navas, Abogado y Docente de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y Hugo Dagoberto Pineda Argueta, Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES). El comité no solo reconoció la
capacidad investigativa y de profundización en las temáticas, sino también el aporte de los ensayos para la comunidad jurídica y la sociedad en general, desde la perspectiva de acceso a la justicia.
En cada edición del Certamen, la UTE reconoce con un incentivo económico la calidad técnica y científica de los mejores trabajos; además, hace una compilación de los ensayos ganadores
para publicarlos en formato libro, y que estos puedan estar disponibles para la comunidad jurídica y la sociedad en general.
Con el desarrollo de estos certámenes, la UTE promueve la investigación en el campo jurídico, con la finalidad de generar conocimiento y analizar problemáticas reales desde la perspectiva del derecho en el país. Pero más allá, también apoya la actividad intelectual creadora, en la
búsqueda de soluciones a diversos fenómenos que pueden dilucidarse desde una óptica jurídica y de acceso a la justicia, con miras a construir una mejor sociedad.