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ISBN 978-99923-47-95-9

Legitimidad de los académicos de funcionarios de gobierno, asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y personal de otros entes públicos

Autor:Beltrán, Jorge Arnulfo
Editorial:UFG Editores
Materia:Grados académicos y temas relacionados
Clasificación:Educación
Público objetivo:General
Publicado:2021-04-30
Número de edición:1
Número de páginas:0
Tamaño:33.1Mb
Soporte:Digital
Formato:Pdf (.pdf)
Idioma:Español

Reseña

L E G I T I M I D A D D E L O S T Í T U L O S A C A D É M I C O S D E F U N C I O N A R I O S D E G O B I E R N O , A S A M B L E A
LEGISLATIVA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y PERSONAL DE OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA para funcionar como institución de educación superior; aunque es una universidad internacional y el título ha sido expedido en España, el mismo no ha sido registrado en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), como debería estarlo, según la Ley de Educación Superior. La misma universidad que le otorgó el título al funcionario admitió que la formación que ofrece es educación no reglada, es decir, que los títulos que otorga no tienen validez oficial. En este documento se detallan las herramientas legales de las cuales se hizo uso, así como la
metodología empleada para la obtención de la información requerida. Los recursos procedimentales de requerir acceso a información pública, no tienen fuerza coercitiva para obligar, de inmediato, a una institución para que haga entrega de la información solicitada; queda, como último recurso, realizar las apelaciones respectivas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que no está resolviendo en el tiempo que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), le obliga, debido a sobrecarga de trabajo, según lo han hecho constar en resoluciones provistas. Debido a lo anterior, las resoluciones de las audiencias orales en los casos apelados podrían tardar varios meses, tal como sucedió en dos procesos de apelación cuyas audiencias orales fueron
realizadas a finales de octubre y noviembre de 2020, de las cuales el IAIP aún no ha notificado sus resoluciones.
A pesar de lo anterior, los resultados de la presente investigación están lo suficientemente documentados como para afirmar que, de los diez funcionarios del Órgano Ejecutivo, sólo cinco tienen títulos legítimos de educación superior; mientras que los cinco funcionarios del Órgano
Judicial y los cinco del Órgano Legislativo, todos tienen sus títulos académicos en legal forma.

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