Reseña

El fenómeno de la participación ciudadana en la Administración Pública, sumado al reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva, tanto desde los puntos de vista doctrinario, jurisprudencial y normativo, han empoderado notablemente a los sujetos para intervenir administrativa y judicialmente en resguardo de los derechos, pero, fundamentalmente, se han erigido en un medio de control social de la gestión pública. Para ello, ha sido crucial la incidencia de las reformas constitucionales, así como la incorporación de principios convencionales como la tutela administrativa
y judicial efectivas, así como los principios de transparencia y publicidad, fortaleciendo así los ya tradicionales principios de las contrataciones públicas. Sea que llamemos “ciudadano” o “administrado”, lo cierto es que en tanto “interesado” se ha logrado legitimar tal calidad para activar procedimientos y procesos administrativos, que en definitiva sirven para aportar a una mejora en la calidad de las contrataciones públicas, dificultando prácticas ilegítimas al amparo del sigilo de otros tiempos, o cuando no, poniéndolas en evidencia, todo lo que resulta auspicioso.
Deseamos que continúe dicha senda, no sólo en Argentina, sino en todo Iberoamérica, para de esa manera lograr una buena administración, así como otros principios consagrados en numerosas normas de diferente rango – constituciones, tratados internacionales, leyes y reglamentos -, e incluso en instrumentos del denominado soft law, como en la reciente Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública del CLAD del año 2013. Como sostuviera en su día MUÑÓZ MACHADO en punto a las relaciones entre
el Estado y la sociedad, “...Si el tiempo presente es el del retraimiento del Estado y potenciación de la sociedad, las instituciones privadas y las empresas, es necesario también explicar la acción del Estado conforme a categorías que se correspondan con esta nueva ideología. El Estado regulador y garante es la mejor expresión, a nuestro juicio, del nuevo orden de relaciones entre el Estado y la sociedad...”.