Reseña

Cuando se habla del control político institucional se está haciendo referencia a una dimensión fundamental de los regímenes democráticos: la rendición de cuentas en su dirección horizontal. Es
decir, aquel conjunto de prácticas institucionales mediante las cuales los gobernantes y funcionarios públicos son evaluados por sus decisiones o acciones, siguiendo procedimientos establecidos en la Constitución o leyes secundarias, y cuyos resultados pueden implicar “premios”
o sanciones para aquéllos. Tan importante es la rendición de cuentas horizontal, o control político institucional, como lo es la rendición de cuentas vertical mediante la cual la ciudadanía premia o
sanciona a sus gobernantes a través de los procesos electorales. Por lo dicho puede afirmarse que la rendición de cuentas, en sus dos dimensiones, es consustancial a la democracia. Sin rendición
de cuentas no hay democracia. De la calidad de la rendición de cuentas depende la calidad de la democracia. El Salvador vivió un proceso de transición política desde un régimen dictatorial, de corte militar,
durante la década de 1980. Dicho proceso combinó dos rasgos: por un lado, la realización periódica de elecciones para elegir presidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de los Concejos Municipales; por otro lado, un enfrentamiento armado entre fuerzas guerrilleras y la Fuerza Armada de El Salvador, apoyada por cuerpos de seguridad y grupos paramilitares. La finalización de la transición implicó la negociación de unos acuerdos de paz entre
las partes beligerantes como expresión formal de una reforma política, que comenzó a implementarse a partir del 16 de enero de 1992. Para algunos analistas, esa reforma implicó la instauración de un régimen democrático. Sin embargo, la ineficacia del control político
institucional contemplado en la Constitución y demás leyes de la República, en los años posteriores a 1992, permiten dudar del carácter democrático del régimen prevaleciente desde aquel año, o por lo menos sobre cuán democrático es ese régimen si el control político institucional ha sido ineficaz o deficitario, aunque se hayan realizado elecciones dentro de los estándares internacionalmente aceptados como democráticos.