Reseña

Con la llegada de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y las Unidades de Acceso a la Información Pública desde el año 2011, la población salvadoreña fue dotada de una herramienta de participación ciudadana que vendría a tutelar un derecho humano fundamental del cual todo salvadoreño es titular: el derecho de acceso a la información pública (DAIP), como derecho llave, inherente al sistema democrático que garantiza el goce de otros derechos y que fomenta la confianza y credibilidad de las instituciones públicas en El Salvador. En los últimos años, la probidad en la función pública ha sido parte de las agendas mediáticas y jurídicas en El Salvador, pues se ha evidenciado
que en los últimos años, la Hacienda Pública y Municipal ha sido objeto
de enriquecimientos sin justa causa por parte de algunos funcionarios
públicos de todos los rangos, donde solo algunos de ellos han llegado a
restituir lo apropiado de forma indebida, producto de los vacíos legales y
ambigüedades que ofrece una ley preconstitucional como la Ley sobre el
Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, y el artículo 240 de la Constitución de la República de El Salvador.